A lo largo del año 2004 aparecieron en la prensa irregularidades graves en los «Centros de Menores de Canarias«: detenciones de los directores acusados de malos tratos, uso de camisas de fuerza, reiteradas fugas, tumultos y motines, agresiones al personal del centro y entre los menores, violaciones, muerte de un menor interno el 13 de noviembre de 2004, otro el 11 de mayo de 2005. La prensa lo recogió del siguiente modo:
Jueves, 12 de mayo de 2005 .
Un chico de 16 años muere degollado por otro en un centro de menores.
Ambos jóvenes eran marroquíes y residían en un centro de acogida en Las Palmas.
Un chico de 16 años murió esta noche tras ser degollado por otro de su misma edad en el transcurso de una disputa en un centro de acogida de menores inmigrantes de Las Palmas de Gran Canaria, donde ambos residían. El suceso tuvo lugar poco después de las 22.00 horas en un inmueble situado en la calle Mariucha que, gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, albergaba a diez jóvenes inmigrantes marroquíes, informaron fuentes de la investigación.
La muerte del chaval se produjo casi de forma instantánea debido a la profundidad del corte del que fue objeto. Las causas de la pelea no han sido aclaradas hasta el momento, aseguraron las fuentes, que destacaron además la dificultad de obtener detalles sobre el caso, debido a que las autoridades judiciales han decretado secreto el sumario de su instrucción.
En cuanto al arma empleada por el joven que presuntamente agredió al fallecido, señalaron que se encuentra en manos de la Policía Nacional y sólo sus agentes conocen exactamente de qué tipo de objeto se trataba. Subrayaron, en cualquier caso, que se baraja que el supuesto agresor la introdujera de forma oculta con intención de hacer uso de ella poco antes del suceso, ya que en el centro se controla regularmente que los menores no posean objetos peligrosos.
Esa hipótesis, de ser cierta, podría ser indicio de una supuesta premeditación en la agresión, cuyo origen no se descarta que fuera un desacuerdo por asuntos relacionados con el tráfico de drogas, según apunta el periódico local La Provincia en una noticia breve que avanza el suceso en su edición de hoy.
Muere una joven en un incendio provocado en un centro de menores de Tenerife.
El fuego se desató cuando varios internos prendieron fuego a un colchón.
ELPAIS.es – España – 07-06-2005 – 11:14
Un incendio provocado en un centro de menores de Tenerife se ha saldado con una joven de 16 años muerta y otras dos heridas, según fuentes del Gobierno de Canarias. El fuego se declaró hacia las 00.30 en una habitación del centro Valle Tabares, ubicado en el municipio de La Laguna, cuando varios internos prendieron fuego a un colchón. Las labores de rescate han sido muy dificultosas porque el colchón incendiado se encontraba junto a la puerta de la habitación, lo que impidió a los educadores rescatar a las tres menores que se hallaban en el dormitorio.
La joven fallecida sufrió una parada cardiorrespiratoria y aunque los servicios de rescate intentaron reanimarla, falleció en el Hospital Universitario de la Candelaria. Las otras dos, de 16 y 17 años respectivamente, se encuentran ingresadas en el mismo centro, donde evolucionan favorablemente de sus heridas.
Según informa el diario Canarias 7 en su página web sucesos de este tipo se han venido sucediendo en el centro, al menos, en dos ocasiones en lo que va de año, en enero y mayo, aunque anteriormente sólo se habían saldado con la hospitalización de algunos residentes y cuidadores por asfixia y quemaduras. Además de los incendios, los altercados y motines provocados por los internos son corrientes en el centro.
El servicio de urgencias 112 ha informado de que también ha resultado herido un varón de 30 años que ha precisado su traslado al centro hospitalario.
El director general del Menor tiene previsto ofrecer durante la mañana de hoy una rueda de prensa para explicar el suceso, que no es el primero de este tipo que se produce en este centro de menores.
El Gobierno abrirá una investigación sobre los abusos a menores inmigrantes en Canarias
Un informe presentado por la ONG pro derechos humanos Human Right Watch denunció la semana pasada el trato recibido por los menores
EFE – Madrid – 28/07/2007
El Gobierno va a abrir una investigación «a fondo» sobre las denuncias de abusos a menores extranjeros no acompañados en centros de acogimiento en Canarias y, en caso ser ciertas, «hará recaer todo el rigor de la ley sobre sus responsables». Así lo ha indicado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien aseguró que varios Ministerios, que no quiso precisar, serán los encargados de investigar las graves denuncias contenidas en el informe presentado esta semana por Human Rights Watch.
Esta organización de defensa de los derechos humanos exigió el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, al haber documentado en ellos «abusos y violencia».
El ministro ha recalcado que la Fiscalía ya abrió una investigación sobre esa cuestión, pero «no ha encontrado ni un sólo signo de que fueran ciertas las denuncias, ni ningún tipo de evidencia». «No es competencia del Estado sino de la comunidad autónoma de Canarias, pero da igual, aquí lo importante es preservar los derechos de los menores», ha dicho Caldera.
De momento, ha agregado, «lo que se dice que ha ocurrido en Canarias no es tal, por tanto, no ha habido ningún abuso, según la Fiscalía, que se merecer una credibilidad elevada». En todo caso, el Gobierno hará una investigación para que «los españoles tengan plena garantía de que absolutamente nadie sufre abuso alguno y si hubiera algún caso caerá todo el rigor de la ley sobre sus responsables», ha afirmado el ministro.
El Defensor del Pueblo destapa un informe sobre malos tratos en centros de menores.
Enrique Múgica denuncia que «muchas» de estas instituciones vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio, bajo la denominación de ‘medidas educativas creativas’
EUROPA PRESS – Madrid – 02/02/2009 14:32
El Defensor del Pueblo destapa en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que «muchos» de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de ‘medidas educativas creativas’ o ‘medidas correctoras’.
El informe monográfico revela como, citando casos concretos, el centro de protección para menores con trastornos de conducta de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo, una humillación que se repite en la mitad de los seis centros de estas características que existen en la región en otras modalidades, como las contenciones físicas de gran violencia.
El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75% de las mismas, suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.
A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, «de forma limitada», en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad «desproporcionada» que puede producir lesiones físicas.
Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de las instituciones utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria.
Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de ‘salas de agitación’ o de ‘reflexión’ con paredes recubiertas de goma negra y carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
Una docena de denuncias
Esta situación ha llevado a que muchos de estos centros tengan varias denuncias en su contra por episodios de violencia. En el caso de Picón de Jarama, por ejemplo, un menor presentó una denuncia el pasado 10 de julio manifestando que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes del centro lo habían llevado a su habitación y lo habían «reducido a la fuerza», metiéndolo en un cuarto de castigo en el que «los vigilantes y un tutor se abalanzaron sobre el menor para que no pudiera escapar, dejándole sin respiración y llegando casi a ahogarlo».
Dos meses más tarde, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia recibió otra queja de un menor que decía haber sido atacado por un empleado de la seguridad, que le asestó «dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica utilizada para detectar metales en los cacheos», lo que le ocasionó una brecha con diagnóstico de traumatismo encefalocraneal. «No sólo no llevaron al niño al médico, sino que se le dejó toda la noche aislado y sin supervisión médica», continúa la queja.
El caso más sangrante en la Comunidad de Madrid es el del centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O’Belén y ya cerrado por el Defensor ante las múltiples irregularidades que presentaba. Entre otras cosas, en estas instalaciones se cerraban las puertas blindadas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno.
Falta de recursos
Otro problema de este tipo de instalaciones es la falta de recursos frente al incremento de menores ingresados. Así, los profesionales señalan que «hay un gran número de menores que circulan de centro en centro y no acaban de encontrar una respuesta acertada a sus necesidades».
Esto provoca retrasos en la aplicación de los programas, por lo que los chavales acaban pasando más tiempo del recomendado teóricamente en estos centros. Por ejemplo, mientras la media efectiva de permanencia se sitúa entre el año y los dos años en la mayoría de los centros, algún chaval ha llegado a estar hasta cinco años en Sirio I.
Aula de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo. 2001-2022. 
